La tipología de fondos inversores existentes es muy diversa (institucionales, gestores de activos independientes, soberanos, hedge funds, banca de inversión, prívate equities, venture capitals, de impacto…), pero existe una tendencia clara, liderada por los fondos institucionales, soberanos y los hedge funds -y por los de impacto en ASG- hacia una mayor implicación en el Gobierno Corporativo de las empresas en las que invierten. Los inversores piden más transparencia y exigen de las compañías que mejoren la integración de la gobernanza en su estrategia comercial: en aspectos clave, como el activismo accionarial, el diálogo con los grupos de interés de la empresa, la dinámica del Consejo de administración o la remuneración de los ejecutivos.

Los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) preocupan cada vez más a los inversores; un 75% de los inversores considera que los datos ASG son muy importantes en sus decisiones de inversión o desinversión. Los inversores tradicionales se muestran cada vez más dispuestos a hablar con inversores activistas, sobre todo en situaciones de malos resultados, o de malas prácticas de Gobierno Corporativo. En el proceso de diálogo con los grupos de interés, los inversores son partidarios, según muestran las encuestas, de que se involucren los miembros del Consejo de administración, seguidos de la alta dirección. También más del 50% de los inversores quieren que se incluyan los aspectos ASG en los road show.

La remuneración ligada al desempeño sigue siendo el tema principal de discusión para una parte importante de los inversores, pero aparecen otros temas centrales: junto al cambio climático, la política de rotación de consejeros y la diversidad en el Consejo (que ahora evoluciona desde un enfoque de género a diversidad de habilidades y pensamiento). Al mismo tiempo, la evaluación anual del Consejo está evolucionando rápidamente y va más allá de un mero ejercicio de cumplimiento. Crece el número de compañías partidarias de acudir a un asesor externo para realizar este ejercicio de evaluación, y los inversores consideran que es cada vez más importante conocer los detalles del proceso, la divulgación de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación, e, incluso, la identidad de la firma que analiza el Consejo.

Sin embargo, no todos los inversores actúan de manera homogénea, unos son más pasivos que otros, y prefieren evitar la confrontación que erosione las relaciones de negocio. Esta situación, brevemente descrita, plantea entre otras toda una serie de cuestiones, que estas Jornadas quieren abordar:

• ¿Qué cambios en el Gobierno Corporativo logran implementar los diferentes grupos de inversores?
• ¿Cuáles son las diferencias en la estructura, estrategia y objetivos de los diferentes tipos de fondos, qué persiguen y qué consiguen?
• ¿Los inversores generan valor para los accionistas, para los grupos de interés de la empresa (stakeholders), o son principalmente oportunistas?
• ¿De acuerdo con qué criterios, bases, contextos políticos o de país de origen, actúan?
• ¿Son los cambios accionariales por la entrada de fondos institucionales u otros tipos de fondos los que impulsan los cambios en el buen gobierno, o su perspectiva principal o casi exclusiva en un porcentaje de casos, sigue siendo maximizar la inversión?
• ¿Largoplacismo y sostenibilidad de la empresa/beneficios de los trabajadores y stakeholders frente al incremento de valor inmediato/ cortoplacismo?
• A su vez, hace falta preguntarse sobre el papel de los proxy advisors, en su mayoría grandes firmas internacionales, sobre los criterios, bases y objetivos que dirigen sus propuestas de voto, sobre el universo de la información que reciben, sobre su conocimiento y diálogo con los grupos de interés locales u otros.

Desde el punto de vista de la regulación, nos encontramos también en un momento decisivo. La nueva Directiva comunitaria sobre la implicación a largo plazo de los accionistas (2017/828), que debía transponerse en los Estados miembros antes del 10 de junio pasado (y que aún no ha sido transpuesta en España), establece que los inversores institucionales y los gestores de activos revelarán públicamente con carácter anual cómo integran su política de implicación en la empresa en su estrategia de inversión incluidos una explicación general de su comportamiento de voto, una explicación de las votaciones más importantes, y el recurso a los servicios de asesores de voto. Ese informe debe especificar cómo hacen el seguimiento de las sociedades en las que invierten, incluyendo la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero, los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental, y el Gobierno Corporativo, entre otras cuestiones. Los proxy advisors, por su parte, deberán revelar su metodología y sus conflictos de interés, y tendrán que facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, incluido el derecho a participar y a votar en las Juntas Generales. La información deberá estar disponible de forma gratuita en las páginas webs de las entidades.

• El formato de los paneles es “formato Davos”: preguntas del moderador y respuestas cortas.